Cierto es también, que el ejercicio de la función municipal implica un
conocimiento y manejo efectivo de las políticas gubernamentales, configurando
éstas, rutas de acción pública con impacto social. La solución de los problemas
de la sociedad y el mejoramiento en el acceso a los servicios públicos deberían
ser su objetivo. Sin embargo, la política ha dejado de ser un
método para alcanzar estos fines y ha tomado forma de un ejercicio
descontrolado para acceder al poder. Esta anomia tiene como uno de sus ejes la
falta de cultura de participación democrática del ciudadano. El ciudadano,
según sus derechos políticos, tiene la facultad de participar en los asuntos
públicos mediante referéndum, iniciativas legislativas, remoción o revocación
de autoridades, entre otros derechos amparados por la constitución y normas
legales. En la práctica, estos derechos solo son movidos en la ciudadanía de
una circunscripción territorial, cuando algún político los induce bajo un
fundamento que nadie conoce mientras el ciudadano sólo firma un planillón según
su sensación de satisfacción en torno a una gestión o en su defecto por
persuasión.
Esta sensación existe, y es un indicador de que algo anda mal en las
gestiones municipales, y algo se debe hacer, pero eso no necesariamente se
resuelve en buscar culpables y sacarlos del cargo. El problema es mucho más
grande y tiene que ver con la falta de técnicos, de políticos de formación,
aliados sociales, empresarios y ciudadanos que se comprometan e involucren a la
construcción de un modelo de ciudad que genere una mejor calidad de vida. La
insatisfacción es una constante en nuestra debilitada democracia. La historia
electoral de nuestro país registra que el 23 de noviembre de 1997 fue la
primera vez que se ejerció en el Perú este derecho de control ciudadano, y hoy estaríamos
viviendo el inicio de la novena consulta popular. Lo curioso es que en
este proceso el Perú tiene un record mundial, en 19 años, 4671 autoridades han
sido sometidas a consulta popular, de las cuales han sido revocadas 1485
autoridades, entre alcaldes provinciales y distritales y regidores. En Colombia hasta el 2013
han habido 33 procesos de referéndum, en Ecuador el número es de 78 consultas
populares, en Venezuela únicamente 10; mientras que en Bolivia no se han dado
casos de autoridades revocadas, lo que nos pone a la cabeza de los países con
el sistema de gobiernos más inestables.
En La Libertad en el año 2012, hemos sido la sexta región con más
solicitudes para realizar consultas de revocatoria. Fueron 80 kits electorales
los que se adquirieron: 14 a nivel de provincias, 65 a nivel distrital y uno a
nivel regional. A la fecha vemos el inicio de una nueva consulta, pero no hemos
visto ninguna iniciativa para mejorar el nivel de educación política en la
elección de autoridades de representación, ni tampoco un trabajo de los
movimientos o partidos por mejorar la calidad de sus cuadros políticos y
técnicos.
Esta falta de cuadros técnicos, también se evidencia en la inversión
municipal. Según el Ministerio de Economía y finanza; en la Libertad, en este
primer semestre del año 2016 sólo se llega a un 32.8%, esto demuestra
claramente la escaza o casi nula capacidad de gasto que registran las gestiones
ediles distritales y provinciales en su ejecución presupuestal; concluyendo en
que todas las municipalidades no tienen una eficiente capacidad de gestión y
por tanto deberían, en esta lógica, todas ser factibles de revocatoria.
Demostramos así que la revocatoria, no va a contribuir a cumplir ningún
objetivo en las soluciones álgidas que aquejan a las gestiones ediles. Por el
contrario, tal y como está diseñada, está orientada más a un efecto
condenatorio no correctivo sobre una determinada autoridad, sin que en este
proceso se evalué la problemática o insatisfacción de los servicios públicos, y
tampoco se replanteen estrategias. Obedece así, a una sed de ajusticiamiento o
castigo. Es de observar que ahora con la última reforma, mediante la Ley
30315, Ley que modifica diversos artículos de la Ley 26300 -Ley de los derechos
de participación y control ciudadanos - publicada en el diario Oficial El
Peruano el 07/04/2015, en su Artículo 24 establece: “Culminada la consulta
popular y obteniéndose la revocatoria de la autoridad, no se realizan nuevas
elecciones, sino el JNE procede a entregar credenciales al reemplazante para
que complete el mandato de las autoridades revocadas”. Es decir, no hay ningún
cambio con la revocatoria, le sucede un miembro de su misma organización del
cual no se garantiza mayor idoneidad en las funciones públicas a asumir.
También hay un factor político que analizar que no ayudará a contribuir
la mejora de este mecanismo de participación, y es que una cosa es la finalidad
de la revocatoria, y otra la finalidad de los revocadores. Se debería desplegar
junto a este esfuerzo, si la intención de la revocatoria es una preocupación
sincera por el desarrollo de nuestro ámbito territorial, acciones de sensibilización
a la ciudadanía en el mecanismo de rendición de cuentas, en la participación
del presupuesto público, y sobre todo en los criterios que deberían acompañar
al ejercicio democrático de la elección de autoridades, sólo de esta manera,
nos evitaremos el esfuerzo y tiempo de vernos envueltos cada periodo municipal
en constantes arrepentimientos que devendrán como única solución en el circulo
vicioso de cortar la continuidad de una gestión sin garantías de que el
reemplazante sea más idóneo, debido a que es parte del equipo de
gestión del revocado.
Pero lo fundamental aquí, es darle sentido a la norma, que al tener
efectos condenatorios debería tener subsecuentemente el derecho del probable
revocado a su derecho a defensa y a una segunda oportunidad, y si no enmienda
las causales por las que se solicita la consulta de revocatoria, su
procedencia. De esta manera nos encontraremos con un gobierno abierto al
diálogo y a la participación de una ciudadanía responsable, fiscalizadora y con
capacidad de negociar el desarrollo sostenible de su comunidad.
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